El Gobierno prohíbe usar inteligencia artificial para clasificar ciudadanos, manipular opiniones o dictar sentencias sin intervención humana

El Gobierno dominicano prohibió el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en la Administración Pública para clasificar socialmente a los ciudadanos, manipular sus opiniones políticas, señalar posibles delincuentes por su condición socioeconómica o tomar decisiones penales de forma autónoma, según informó Diario Libre.

Las reglas forman parte del Decreto 787-26, firmado el 2 de noviembre por el presidente Luis Abinader, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana.

Lo que queda prohibido

El código veta los sistemas de clasificación social que condicionen el acceso a derechos y servicios públicos, y restringe la identificación biométrica masiva e indiscriminada en espacios públicos, incluidos el reconocimiento facial, de voz o de forma de caminar, cuando no existan las garantías legales y judiciales exigidas. También prohíbe la llamada predicción criminal basada en el lugar de residencia, el origen étnico o la situación económica de las personas.

Ningún algoritmo podrá recomendar, decidir o ejecutar por sí solo sentencias penales, medidas de coerción o privaciones de libertad sin intervención humana directa. Tampoco se podrá usar IA para propaganda política manipuladora, desinformación institucional o técnicas encubiertas para influir en la ciudadanía.

Derecho a saber y a pedir revisión humana

Las personas tendrán derecho a saber cuándo una decisión administrativa que les afecta se apoyó en inteligencia artificial. Las instituciones deberán explicar los factores relevantes de esa decisión y habilitar vías para pedir información, corregir errores y obtener una revisión humana. La responsabilidad seguirá siendo de las autoridades y los servidores públicos, aunque usen herramientas automatizadas.

Los sistemas de alto impacto, como los vinculados a derechos fundamentales, beneficios públicos, sanciones o servicios esenciales, no podrán funcionar sin una evaluación previa de impacto ético y de derechos, la aprobación correspondiente y un resumen público accesible.

Un consejo y un registro público

El decreto crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, copresidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), con representantes del Gobierno, el empresariado, la academia y la sociedad civil. La Ogtic administrará, junto a la Digeig, un registro y un portal de transparencia sobre los sistemas de IA que use el Estado.

El código fija además restricciones especiales para los sistemas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, y prohíbe expresamente usar IA para generar o difundir contenido sexualizado, abusivo o discriminatorio contra menores, incluso si es sintético.

Foto: Diario Libre

Fuente: Diario Libre